Alfonso Alonso, en el País de las Maravillas

La polémica del Boulevard viene de lejos. Hace dos años, harta ya la oposición municpal por no obtener respuesta a la cuestión de “por qué el convenio de venta de los terrenos en que se iba a construir el centro no incluía una cláusula que limitara y pusiera condiciones a la venta del complejo a terceros, sobre todo cuando el suelo fue vendido en condiciones muy favorables con el argumento de proteger el comercio local”, le cupo al equipo de Alfonso Alonso el dudoso honor de protagonizar la segunda comisión de investigación de la historia de la ciudad. Luego -dicho sea de paso-, camino del Guiness y gracias al "saber hacer" de Ibarrondo, han logrado llegar a la tercera.

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Las conclusiones de la comisión fueron claras y no dejaban lugar a dudas en cuanto al desacierto en la gestión de la construcción y posterior venta del Centro Comercial: "existe una responsabilidad política imputable única y exclusivamente a la máxima autoridad municipal que, siendo agente activo y necesario para la ejecución de El Boulevard, no gestionó el desarrollo del convenio con las garantías mínimas para asegurar su estricto cumplimiento. Ello tanto en el fondo como en la forma ya que no se habilitaron los mecanismos de seguimiento habituales en estos casos ni se previeron elementos de cautela para impedir que se generasen situaciones que pudieran lesionar el interés general de la ciudadanía sin ningún tipo de control público".

Quedaba claro, pues, que Alfonso Alonso o era un tonto de baba que se había dejado engañar por los promotores de Centro Comercial, o con su "inhibición, dejadez, desidia y descuido de lo que era su obligación -velar por el cumplimiento de los acuerdos municipales-, había hecho posible en Gasteiz, uno de los pelotazos inmobiliarios más "redondos" de las últimas décadas.

Ahora, el TVCP viene de nuevo a tirarle de las orejas al ínclito alcalde, al reiterar las irregularidades habidas en el proceso de gestación, construcción y venta del centro comercial.

Así las cosas, que el alcalde pretenda calificar ahora de "operación impecable" aquellos procesos y opte por "matar al mensajero" al sentirse indignado "por la difusión del contenido del documento", es tratar de engañar a la opinión pública.

Argumentar en su defensa, como hace, que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la analizó y confirmó la legalidad de aquellos hechos, es querer desviar la atención. No es la legalidad de los hechos lo que se debate –en tal caso estaríamos ahora hablando de una demanda criminal por prevaricación-, sino de tratar de aclarar las únicas dos lecturas que caben de la actuación de Alfonso Alonso: o concluimos que desprecio que él y su equipo profesan hacia el sentir general de la ciudadanía gasteiztarra es ya patológico, o tanto Alfonso Alonso como su equiPPo padecen, como se decía más arriba, una estulticia galopante y endémica.

Como decía la reina del cuento: ¡¡Que les corten la cabeza…!!