Justicia y democracia

Badaia

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha fijado para el próximo día 8 de enero el inicio de las sesiones del Juicio contra el Lehendakari como consecuencia de las reuniones mantenidas con los representantes de la izquierda abertzale.

En un sistema judicial normal, democrático, este juicio no se habría celebrado nunca; en un sistema judicial democrático (...)

(...) los representantes institucionales hacen política, y los jueces aplican las leyes. Como consecuencia de la división de poderes, en un sistema democrático ni los jueces hacen política, ni los políticos se inmiscuyen en las decisiones judiciales.

Todo eso que es lo normal en un sistema judicial democrático no ocurre en el estado español. En el estado español el gobierno está detrás de todas y cada una de las decisiones relevantes que adoptan los jueces. En el estado español el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional están formados por Magistrados elegidos por los dos grandes partidos políticos en función de su afinidad ideológica. En el estado español los miembros del Tribunal Constitucional deciden sobre los asuntos en perfecta sintonía con el pensamiento del partido que les ha nombrado, de modo que en los asuntos de mayor trascendencia en lugar de adoptar sus decisiones en virtud de criterios jurídicos, se hace en virtud de criterios políticos. En el estado español los jueces son capaces de adoptar decisiones contradictorias en función de a quiénes afectan éstas.

En resumen, hay que tener muy buena voluntad para calificar al sistema judicial español de democrático cuando afecta a intereses políticos o asuntos de gran relevancia.

Por ello, y aunque parezca una locura pensar siquiera que puede prosperar la acusación que dos asociaciones de corte ultranacionalista español mantienen contra el Lehendakari, lo cierto es que no puede descartarse que así sea.

El Foro de Ermua, que se mantiene con subvenciones otorgadas por administraciones públicas españolas, solicita para el Lehendakari Ibarretxe una pena de dos años y nueve meses de prisión e inhabilitación para cargo público. No cabe descartar que se produzca una condena.