La paz en Euskadi y la politización de la Justicia (I)

Escribe Fígaro:

De las pocas cosas en las que todos o casi todos estamos de acuerdo, es que la normalización de la convivencia en Euskadi necesita dos requisitos ineludibles: la desaparición de ETA y la creación de una cultura de diálogo que rebaje la crispación entre las distintas sensibilidades.

En este sentido la admisión y tramitación judicial de la querella interpuesta contra el Lehendakari Ibarretxe por los contactos mantenidos con representantes de la ilegalizada Batasuna, es percibida por los ciudadanos, incluso por la mayoría de los no nacionalistas, como un torpedo a la línea de flotación del llamado "Proceso de Paz".

El amarillismo bienpensante que pretende monopolizar y abanderar a la "ciudadanía de bien", se ha apresurado a descalificar la indignada reacción popular apoyándose en dos falacias:

1ª) La primera es la que sostiene que "lo que pasa es que los políticos no admiten el control judicial" o que "lo que pasa es que los políticos no se consideran ciudadanos como los demás". La impostura se despacha displicentemente contra la multitud que se manifestó en su momento contra la Politización de la Justicia, con la manida excusa de que eran "estómagos agradecidos". (¿Todos?)

Este argumento es insostenible, porque nadie criticaría que se emplumase al Lehendakari o a cualquier otro cargo público por "meter la mano en el cajón" al estilo marbellí, por ejemplo. Pero el hecho de hablar, reunirse, comprobar posturas y actitudes, recabar información del adversario político, se percibe por la ciudadanía como una tarea consustancial a la acción política diaria de un Gobernante responsable, y no se comprende por tanto su criminalización.

Añádase el elemento volitivo o intencional, de que las conversaciones estaban destinadas a explorar vías para poner fin a la violencia de ETA (¡Y a la existencia de ETA misma!), el elemento comparativo de que el Gobierno central también se había reunido con los mismos interlocutores, sin que el Tribunal Supremo apreciara delito en ello, la comparación aún más sorprendente con todas las reuniones que todos los Gobiernos de los últimos treinta años han tenido con la mismísima ETA, en algunos casos con luz y taquígrafos como en Argel, y otras en forma de tomas de temperatura más discretas, y ya el estupor de los ciudadanos alcanza el grado de escándalo mayúsculo.

2ª) La segunda falacia, tan meliflua como la anterior, es la que pretende que "las actuaciones judiciales no son criticables en público, sino tan solo recurribles por los cauces que legalmente correspondan". Se olvida que el derecho a la crítica es consecuencia del derecho constitucional a la libertad de expresión, y por tanto muy anterior y, en todo caso, independiente de la existencia o no de la llamada "segunda instancia", esto es, de la posibilidad o no de interponer un recurso ante una segunda instancia judicial que examine lo dictaminado por la primera.