Hace tiempo que a Javier Maroto, concejal de hacienda del Ayuntamiento de Gasteiz, le gusta exhibir una dialéctica que, aunque alguien se la haya elogiado como brillante, no pasa de ser torticera, engañadora, mentirosa y ridícula. Ayer
repetía faena a cuenta de los informes elaborados por la Secretaría del Pleno del Ayuntamiento.
Digamos que dichos informes habían sido solicitados en aclaración de la legalidad de las contrataciones que el Ayuntamiento había formalizado con la empresa (DSS), vinculada directamente, en aquél momento, con el marido de la concejala Garmendia, así como de otras en las que se forzó un fraccionamiento del objeto del contrato, para “facilitar” su adjudicación, burlando así los principios de publicidad y concurrencia que informan (o deben informar) el régimen de contratación de cualquier administración pública.
Los informes son concluyentes: “respecto de los contratos adjudicados por el Ayuntamiento a la firma DSS, gestionada en su día por el marido de Idoia Garmendia, entiende que "adolecen de un vicio de nulidad radical o de pleno derecho". En cuanto al fraccionamiento del objeto del contrato mantenido con Kasta, firma gestionada por el hermano de Jorge Ibarrondo, señala que "no se ajusta a derecho".
En este momento es cuando sale a la arena nuestro Demóstenes “de vía estrecha” concluyendo (¿?) de aquellos informes, la inexistencia de irregularidad alguna: "otra cosa es que hubiera contratos nulos", afirma el teniente de Alcalde. Para Maroto, no existe irregularidad, se trata de "una posible deficiencia en el proceso administrativo"
Le decía al Sr. Maroto que no nos tome por tontos. Si por irregularidad debemos entender la “cualidad de irregular”, predicándose dicha cualidad de algo o alguien cuando “está fuera de regla” o, incluso es “contrario a ella”, ¿cómo cabe concluir que un contrato declarado nulo de pleno derecho, se ajusta a la regla o a la norma?, ¿cómo puede no ver irregularidad en algo que no se ajusta a derecho?, ¿de dónde, pues, la nulidad?
Entiendo que Maroto, en su defensa de una gestión municipal a la que le sudan las vergüenzas por las costuras, está en su papel, y a las puertas de unas elecciones locales todavía más, pero eso no quita para que alguien le recuerde lo que señalaba al comienzo: no somos tontos. No somos tan tontos como para pensar que la práctica de favorecer a sus allegados (hermanos, cónyuges o, en general, “familia política”) mediante contratos nulos de pleno derecho deba entenderse, simplemente, como “procedimientos administrativos susceptibles de ser mejorados”.
Aunque, visto lo visto, tiemblo al imaginar el concepto que Maroto puede tener de la posible mejora a aplicar al procedimiento. ¿Tal vez un buffet o una barra libre para "ciertos" contratistas?
